El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid cuenta con un protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de las violencias basadas en género (VBG) y la violencia sexual (VSX), adoptado mediante la Resolución Rectoral 0655 del 3 de octubre de 2024. Esta herramienta busca orientar a las personas afectadas, facilitar el acceso a la atención y promover espacios educativos y laborales seguros, inclusivos y libres de discriminación.

¿Qué es la instancia institucional de atención de violencias basadas en género?

El Poli cuenta con el Comité de Atención de Violencias Basadas en Género y Violencia Sexual, una instancia de articulación institucional que acompaña a las personas afectadas y coordina acciones con las dependencias académicas y administrativas, así como con las entidades externas competentes.

La atención especializada está a cargo de una dupla psicojurídica, conformada por profesionales de psicología y derecho, que brinda orientación y acompañamiento de acuerdo con las necesidades de cada caso.

El protocolo está dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado y extensión, personas egresadas, docentes, personal administrativo y contratistas. La atención se fundamenta en la confidencialidad, el trato digno, la debida diligencia, el consentimiento informado y la prevención de la revictimización. El reporte puede ser realizado por la persona afectada o por alguien que conozca los hechos.

Cuando existe un caso en atención y una persona es señalada como presunta agresora, la dupla psicojurídica no podrá brindar atención a esa misma persona en calidad de presunta agresora en relación con el mismo caso. Esta medida busca proteger la confidencialidad y evitar posibles conflictos de interés, sin que ello implique un juicio anticipado sobre los hechos o sobre la responsabilidad de las personas involucradas.

¿Qué tipo de casos atiende?

La ruta contempla situaciones de violencia basada en género y violencia sexual que vulneren los derechos de integrantes de la comunidad politécnica, en contextos académicos, administrativos, laborales, presenciales o digitales, cuando correspondan al ámbito de aplicación del protocolo.

Entre las situaciones que pueden requerir orientación se encuentran:

• Agresiones físicas o amenazas relacionadas con el género.
• Humillaciones, intimidaciones, insultos y conductas de control cuando están asociadas a discriminación por sexo, género, orientación sexual o identidad de género.
• Acoso sexual, hostigamiento y persecución de carácter sexual.
• Abuso sexual, violación y otros actos sexuales sin consentimiento.
• Discriminación por sexo, género, orientación sexual o identidad de género.
• Violencia económica o patrimonial asociada a relaciones de poder basadas en el género.
• Situaciones que comprometan la seguridad, la autonomía, el bienestar, la permanencia académica o el desempeño laboral de una persona y que correspondan a las violencias contempladas en el protocolo.

No es necesario esperar a que los hechos se repitan para solicitar orientación o acompañamiento.

¿Cuál es la ruta de atención?

Ante una situación de peligro inminente para la vida, la integridad o la seguridad, se debe priorizar la atención de emergencia, informar a la Coordinación de Vigilancia y al área de emergencias del Poli, activar el área protegida y llamar a la línea 123. En casos de violencia física o sexual, se debe procurar atención inmediata en salud.

La ruta institucional comprende seis pasos:

1. Detección y reporte. La persona afectada o quien conozca los hechos puede informar a la Dirección de Bienestar Institucional e Interacción Social, la Dirección de Gestión Humana, la Dirección de Fomento Cultural o una representación estudiantil o docente. También puede escribir al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Si el reporte se recibe en otra dependencia, debe remitirse a la instancia correspondiente, de acuerdo con el protocolo.
2. Atención inicial y documentación. La dupla psicojurídica escucha a la persona en condiciones de privacidad y respeto, registra la información necesaria, valora los riesgos y explica los procedimientos, derechos y alternativas disponibles. La atención debe respetar el consentimiento informado. La ausencia de documentos o pruebas no impide solicitar orientación.
3. Atención en salud física y mental. Cuando se requiere, se orienta y facilita el acceso a servicios de salud y acompañamiento psicosocial, priorizando el bienestar de la persona afectada.
4. Orientación y acompañamiento jurídico. Se brinda información sobre los mecanismos jurídicos y administrativos disponibles, como denuncias, quejas y solicitudes de medidas de protección. Según la valoración del caso y las competencias institucionales, también pueden gestionarse medidas preventivas o temporales relacionadas con las actividades académicas o laborales.
5. Remisión y articulación con entidades externas. Cuando corresponde, se orienta a la persona hacia las entidades competentes. En Medellín se encuentran, entre otros mecanismos, la Línea 123 Agencia Mujer, la Atención Psicojurídica en Territorio, la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género, el Mecanismo de Defensa Técnica de la Secretaría de las Mujeres y la Defensoría del Pueblo. En otros municipios de Antioquia se puede acudir a la Línea 123 Mujer Antioquia, los enlaces territoriales de género y la Defensoría del Pueblo.
6. Seguimiento y acompañamiento. Se realiza seguimiento a las acciones y medidas gestionadas, brindando información a la persona afectada y procurando que no tenga que relatar reiteradamente los hechos sin justificación.

Durante el proceso deben protegerse la privacidad y la confidencialidad, garantizarse un trato digno y evitarse actuaciones que generen revictimización.

Tipos de violencia: reconocerlos es el primer paso para actuar

Las violencias basadas en género pueden manifestarse de distintas maneras y no siempre dejan señales físicas. Reconocerlas permite buscar orientación y activar los mecanismos de atención. Para que una situación sea atendida en el marco de este protocolo, debe corresponder a su ámbito de aplicación.

1. Violencia física: agresiones como golpes, empujones o lesiones que afectan la integridad corporal o ponen en riesgo la seguridad de una persona.
2. Violencia psicológica: acciones que buscan intimidar, controlar, humillar o someter, como amenazas, insultos, chantaje emocional, aislamiento o desacreditación, cuando se relacionan con una situación de violencia basada en género.
3. Violencia sexual: conductas sexuales sin consentimiento, mediante fuerza, coerción, manipulación o chantaje. Incluye el acoso, el abuso, la violación y otras formas de violencia sexual.
4. Violencia económica: acciones que limitan o controlan la autonomía económica de una persona por razones de género.
5. Violencia patrimonial: retención, destrucción o sustracción de documentos, bienes o recursos como forma de control relacionada con el género.
6. Violencia institucional: actuaciones u omisiones que obstaculizan la protección de derechos o el acceso a la atención, por ejemplo, barreras injustificadas, falta de diligencia o revictimización.
7. Discriminación por sexo, género, orientación sexual o identidad de género: tratos desiguales, exclusiones, hostigamientos o restricciones de derechos que afectan la dignidad y la igualdad de oportunidades.

¿Dónde informar una situación?

Para reportar un caso o solicitar orientación, la comunidad politécnica puede escribir al Comité de Atención de Violencias Basadas en Género y Violencia Sexual al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. También puede acudir a la Dirección de Bienestar Institucional e Interacción Social y solicitar orientación con el equipo psicosocial o la profesional encargada del componente de violencia basada en género.

Ante un peligro inminente, se debe priorizar la atención de emergencia y comunicarse con la línea 123.

La prevención de las violencias es una responsabilidad colectiva. Escuchar sin juzgar, reconocer las señales de alerta y orientar a las personas hacia los canales institucionales contribuye a construir una comunidad basada en el respeto, la igualdad y la garantía de los derechos humanos.

Consulta el protocolo institucional: Resolución Rectoral 0655 del 3 de octubre de 2024.

Oficina de Género